Durante los últimos tres años, a pesar de la crisis económica, la venta de autos en el país ha marcado cifras récords hasta el momento en que se disparó el dólar.
En Mendoza se vendieron 34 mil unidades durante 2017, casi un 30% más que en 2016, y hasta mayo de este año todas las partes del mercado automotor estaban más que felices, incluyendo a los que manejan los Registros del Automotor. Ayer, se conoció el derrumbe de los patentamientos, como casi toda la economía.
Por primera vez en mucho tiempo, el acumulado de patentamientos es menor este año que el año anterior.
Argentina parece ser el único país del mundo adonde inscribir un auto es otro negocio más de la política y que, además, es uno de los más caros del mundo.
Mientras que en la mayoría de las naciones las oficinas de registro automotor son manejadas por las comunas y se cobran impuestos por el trámite, acá funcionan como intermediarios privados que, además de los impuestos, cobran tasas millonarias como si ofrecieran un servicio de lujo.
Además, como las puede dirigir cualquiera que tenga título de abogado, contador o escribano y, finalmente, terminan en manos de ex funcionarios o parientes de políticos. Pasar por el Registro encarece los vehículos más de un 10 %. Por un kilo de papeles.
En Mendoza hay 52 Registros y más de la mitad están manejados por personas ligadas a la política. "De $18 mil millones que ingresan al sistema, solo $6 mil llegan a la Nación, otra parte similar se quedan los estados provinciales y la otra va a parar a los bolsillos de los políticos que se consiguieron su kiosco", graficó el diputado provincial Mario Vadillo, del Partido Intransigente.
A pesar de que a la dirección de los registros se accede supuestamente por concurso, al frente de las oficinas hay hijos y yernos de ex gobernadores, parientes de ex legisladores, esposas, ex maridos y ex esposas de ex intendentes que parecen haberse quedado con el kiosquito en el juicio por la repartija de los bienes gananciales.
La cantidad de dinero que recaudan es enorme, y se calcula que se quedan con al menos una tercera parte, o más, dependiendo no solo de la cantidad de registros que hagan, sino de la clase de automóviles que inscriban.
Porque estas oficinas no sólo cobran los impuestos nacionales y provinciales que gravan el patentamiento, transferencia y otros trámites relacionados al dominio del vehículo, sino que además cobran una "tasa" atada al valor del mismo.