Con presencia del intendente local, se inauguró una clínica psiquiátrica con internación, en San Martín. El Colegio de Psicólogos de Mendoza denunció que la apertura va en contra de la Ley. La Provincia rechazó la habilitación.
Una fuerte polémica, que trascendió fronteras e involucró a asociaciones profesionales del país, estalló en San Martín, Mendoza, después de que se inaugurara una clínica privada psiquiátrica con internación, acto en el que participó el intendente local, Raúl Rufeil. Los que cuestionan la apertura de la clínica, sostienen que se está violando la Ley de Salud Mental, que prohíbe desde el 2010 "la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos y privados" (Ley 26.657. Artículo 27) . Los responsables sostienen que "acá se ha hecho todo legalmente, como correspondencia" y sostuvieron que las críticas "persiguen una cuestión ideología, totalmente desafortunada". La Dirección de Salud Mental de la Provincia de Mendoza, informó que la clínica no está habilitada y que les dio un plazo de 72 horas a los responsables para que expliquen el objetivo del emprendimiento.
Quizás la apertura de la clínica hubiera pasado desapercibida para la mayoría, pero la presencia del intendente de San Martín y la difusión de ese acto en la gacetilla oficial, hizo que la novedad fuera replicada por las redes oficiales y algunos medios locales.
La clínica de salud mental “Casa Habra”, ubicada en el kilómetro 1.029 de la ruta 50, en el distrito de Alto Verde, fue anunciada para "la internación de personas con trastornos mentales graves emergentes, que requieren internación, abordada de manera integral por personal especializado ".
La novedad generó la reacción del Colegio de Profesionales de Psicólogos de Mendoza que, en su página de Facebook, en donde se indicó que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 prohíbe expresamente la habilitación de nuevos hospitales y clínicas psiquiátricas y se manifestó que el Colegio "repudia enfáticamente esta acción contraria tanto a la normativa legal ya los Acuerdos y Convenciones Internacionales, como a la Ética profesional ".
"No se pueden abrir"
En el mismo sentido, el presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, Alberto Muñoz, dijo que " estas cuestiones que hacen mucho ruido respecto de la legalidad" y sostuvo que "estamos emitiendo una nota de defensa de la ley nacional y elevando otra al Ministerio de Salud de la Nación, tratando de ayudar para que el Estado se haga cargo de esto", refiriéndose al cumplimiento de la Ley. Al respecto acotó que "l a ley dice claramente que no se pueden abrir nuevos hospitales monovalentes ni clínicas de internación en todo el territorio nacional".
En diálogo con este medio, Muñoz indicó que todos los pacientes en situaciones críticas "deben ser abordados en los hospitales generales del Estado", según lo contempla la Ley de Salud Mental.
La Ley 26.657 se dictó en 2010 y se reglamentó en 2013. En ella se estableció un proceso gradual de "desmanicomialización", reconvirtiendo las instituciones neuropsiquiátricas y prohibiendo la creación de nuevas, y que ese proceso debería estar concluido en 2020, cosa que no ocurrió, pese a que hubo algunos avances importantes en algunas jurisdicciones.
Un censo, realizado en 2019 por la Dirección de Salud Mental de la Nación, arrojó que en el país aún quedaban 162 instituciones de este tipo, con 21.035 personas internadas. En Mendoza quedaban 6 instituciones, con 239 internos. Esto solo contando neuropsiquiátricos, ya que en geriátricos, hogares de niños y adolescentes y comunidades terapéuticas también hay pacientes con patologías mentales.
Entre otros datos, en el censo también se estableció que el 53% de las personas lleva 2 años internadas, 25% lleva 11 años o más y que "e l máximo tiempo de internación registrado en una institución fue de 90 años", según el informe oficial. "El promedio es de 8 años, lo que indica que la internación tampoco es muy eficiencia en términos de cura", dijo el presidente de la federación nacional, reforzando el espíritu de la ley nacional.
"Está prohibido por la ley"
El abogado Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y que trabaja en el programa de derechos de las personas con discapacidad, dijo que "en ningún lugar de Argentina se pueden crear instituciones de internación monovalente de salud mental. Está prohibido por la ley", al tiempo que acotó que, las instituciones existentes anteriores a 2010, tanto públicas como privadas, "deben realizar procesos de adecuación" ya que la ley "estableció la transformación de un modelo de atención" de los pacientes.
Quiroga remarcó que la Ley 26.657 "es una norma de orden público, que no requiere adhesión de las provincias y es obligatoria en todo el país" y que su cumplimiento total "e s una deuda que tiene, tanto el estado nacional como el provincial".
El abogado remarcó que "las internaciones por salud mental solo pueden producirse en los hospitales generales", aunque reconoció que el presupuesto destinado a salud mental aún es escaso. "El 10% del gasto total en salud, debería ser destinado a salud mental y, a nivel nacional, no supera el 2%".
Además subrayó que "el sistema manicomial fracasó en el mundo y ninguna persona recupera su salud encerrado", por lo que deben ser creado un sistema de salud mental comunitaria, "compuesto por una red de dispositivos, como viviendas asistidas, servicios de atención ambulatoria, dispositivos de inclusión social y laboral y además, respaldada por atención de la salud mental en el primer nivel de atención primaria, en servicios de salud y en todos los hospitales generales". Algo así ocurrió con el Instituto Jorba de Funes, cuyo pacientes fueron reubicados en micro hogares en abril de 2019.
"Todo legal"
El médico psiquiatra Pablo Murcia, responsable junto con su esposa de la clínica de salud mental “Casa Habra”, cuya inauguración generó la polémica, dijo en ese acto que “la casa de internación cuenta con un equipo interdisciplinario de recurso humano conformado por psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos y trabajadora social, además de enfermeros, nutricionista, profesor de educación física, arte-terapeutas y acompañantes terapeutas”.
En diálogo con este medio, sostuvo que "acá se ha hecho todo legalmente, como corresponde" y acotó que "es una residencia asistida, como existen otras en la provincia y en el país. Es una necesidad para el Este mendocino, porque no hay un lugar que se puede albergar este tipo de patologías tan graves. Es un proyecto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo".
Murcia se desempeña en el Hospital Perrupato, de San Martín, es perito del Cuerpo Médico Forense y atiende en forma privada. Su esposa trabaja en el Hospital Saporiti, de Rivadavia y también atiende en forma privada. "Estamos al frente de esto después de muchos años de experiencia", dijo el profesional. "Soy médico hace 13 años, en la salud mental desde hace 12 con residencia incluida. Ambos estamos formados en el Hospital El Sauce", agregó, y dijo que, debido a sus experiencias en el Este "surge la necesidad de un sitio donde albergar casos agudos".
Sobre este punto, acotó que en la zona "no había instituciones privadas que les dieran respuesta a una necesidad, porque los pacientes que tienen obra social no son recibidos en el hospital, salvo una urgencia. El hospital no puede albergarlos. Y e sto es lo que nosotros brindamos, un servicio de calidad, con un trabajo interdisciplinario".
Sobre la Ley de Salud Mental, dijo que " no estamos en contra, la conocemos muy bien y día a día trabajamos bajo el amparo de esa ley".
Sobre las críticas, dijo que "no esperábamos una respuesta así" y agregó que "esta gente persigue una cuestión ideología totalmente desafortunada y también hay un poco de ignorancia detrás de esto. No se han puesto a ver lo que proponemos".
Además dijo que "vamos a tomar cartas en el asunto. Esto no corresponde, no pueden creerse impunes. Escrachar a personas no corresponde, menos a una institución que está pensando. Es muy dañino. Nos parece un acto impropio, invasivo, fuera de si, de bajeza".
También subrayó que "tenemos el a poyo de la comunidad y del gobierno, porque cubrimos una necesidad y nos brindaron el apoyo", refiriéndose así a la presencia en la inauguración del intendente Rufeil, pero aclaró que "no tenemos ninguna vinculación política, en absoluto".
"No se pueden abrir nuevos centros de internación"
Elizabeth Ofelia Liberal, responsable desde 2015 de la Dirección de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, indicó que, tal como lo indica la Ley 26.657, la apertura de nuevos centros de internación monovalentes, "está prohibida" e informó que personal de esa dirección, concurrió a la clínica de San Martín y "se le dio un plazo de 72 horas, para que expliquen de institución están creando y se les informó que la internación de pacientes está prohibida por ley".
Además Liberal indicó que, para los pacientes con patologías mentales que requieren algún tipo de internación, tal como lo contempla la ley, "se realizan en los hospitales generales en los que, por suerte, hemos logrado crear las áreas de Salud Mental en todos ellos".
Además la funcionaria rescató que "se han hecho una importante cantidad de externaciones en los últimos tiempos en Mendoza de gente que llevaba años allí, cumpliendo con lo que dispone la Ley".
Fuente: Diario Uno.
