El Senador Provincial por el Segundo Distrito, Bartolomé Robles, presentó un proyecto de adhesión a la denominada Ley de fortalecimiento del sistema nacional de Bomberos Voluntarios.
El proyecto de Ley, presentado por el Senador Provincial Bartolomé Robles, tiene por objeto adherir a la Ley Nacional Nº 27.629, denominada “ley de fortalecimiento del sistema nacional de bomberos voluntarios de la República Argentina”.
Recientemente, el Congreso Nacional sancionó, por unanimidad, una ley que busca fortalecer el “Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina”, instituido por Ley 25.054 y que, en nuestra provincia, se rige por la Ley 7.679.
Mendoza cuenta con más de 500 bomberos/as voluntarios/as, pertenecientes a 25 cuarteles de los cuales algunos ya cuentan con la operatividad que les permite trabajar con el 911, mientras que otros se encuentran tramitando el alta de la misma, no impidiéndoles colaborar también de manera efectiva. Son gestionados por asociaciones sin fines de lucro, su misión es la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección de vidas o bienes que resulten agredidos por siniestros de origen natural, accidental o intencional. Estas acciones configuran la prestación de un servicio público brindado de manera voluntaria.
Cabe señalar que la Ley Nacional N° 27.629 en su capítulo primero establece un régimen tarifario especial gratuito para los servicios públicos (energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas, telefonía fija, telefonía móvil e internet) de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Asegurando la calidad y las condiciones del servicio público, tal cual lo reciben el resto de los/as usuarios/as.
Robles al respecto sostuvo: “la adhesión la estamos presentando, en el marco del artículo 9° de la Ley Nacional, que invita a las Provincias a adherir y reconocer la gratuidad en los componentes de la facturación de los servicios públicos bajo su propia jurisdicción. De esta forma, adhiriendo, Mendoza colabora en aliviar el gasto que las entidades erogan en el pago de servicios públicos, cuya incidencia en su presupuesto se ha incrementado mucho durante los últimos años”.
