Fiscalía de Estado analiza la denuncia presentada por el Sindicato de Empleados de Juegos y Casinos de la provincia de Mendoza.
La Fiscalía de Estado tiene en análisis una denuncia que le ha presentado el sindicato de empleados de juegos y casinos de Mendoza. La organización gremial supone que detrás del llamado a licitación para la concesión de lo que sería el nuevo centro de juegos, casinos y entretenimientos del Este mendocino se esconde un negocio, como siempre millonario, que podría estar dirigido a una empresa en particular.
No sólo eso, sugieren en el escrito que han elevado, que sin razones aparentes de peso, sin argumentos que se puedan explicar con claridad y con mucha ausencia de transparencia, la Provincia adjudicaría la operación de lo que se considera la megasala del Este a un concesionario que se quedaría, cuando menos, con casi 55 por ciento del total de lo que se pueda recaudar si se parte de la oferta más baja para administrar las salas de entretenimiento, compuestas por las máquinas tragamonedas, básicamente.
Pero, en el fondo de todo, emerge un interés particularísimo del gremio: se trata de la amenaza cierta de que mientras más recursos se queden en manos del operador privado, los trabajadores, que dependen del Estado, que son empleados públicos en verdad, perderán sistemáticamente ingresos, porque la mitad de sus salarios se computa o se calcula o se integra de los recursos que le quedan líquidos a la Provincia, luego de descontado el canon con el que se queda el privado.
El sindicato cree que Fiscalía ya ignoró su pedido de investigación de posibles anormalidades. Pero, en Fiscalía, por el contrario, sostienen que no la han descartado ni mucho menos rechazado, aunque desliza que a la presentación realizada le estaría faltando algo más de argumentos de peso y consistentes. El gobierno de Rodolfo Suarez pretende concentrar toda la oferta de entretenimientos en un solo casino para los departamentos del Este, ubicado en San Martín. La zanahoria, como ocurre siempre, es el casino y el negocio de las tragamonedas. El fondo de la intención oficial es que, para alcanzar ese objetivo por parte de los interesados, el que oferte la construcción de un hotel de categoría superior junto con las salas, correrá con ventaja por sobre el resto.
El emprendimiento del Este, además, contiene para los operadores que se han presentado a la licitación un estímulo más: todo lo que se construya al fin de la concesión quedará en manos del privado beneficiado. El sindicato pide que se analicen las razones por las cuales el Gobierno decidió cambiar la línea que se venía siguiendo en donde el canon abonado es inferior al 50 por ciento de lo recaudado y con concesiones que tienen un plazo de 10 años. Para el caso del Este, el Estado ofrece una concesión de 20 años, el doble de las actuales y está estudiando ofertas que superan el 49 por ciento.
Por caso, hay tres oferentes: Desarrollos Maipú SA –comandado por el considerado casinero del macrismo, Daniel Angelici– ofreció cobrar un canon de 54,75 por ciento, ubicándose en la más baja de todas. En la carrera también está Traylon SA –del reconocido empresario kirchnerista Cristóbal López–, que hizo un ofrecimiento de 77,17 por ciento y Fuente Mayor, el mismo que administra la sala del Valle de Uco, que ofreció cobrar 62 por ciento de canon y una alternativa de 68 por ciento si se le solicita la construcción de un hotel, como todo indica, que prefiere el Gobierno.
Aunque no está mencionado en el escrito que el sindicato presentó en la Fiscalía, el fondo de la denuncia se sustancia con la supuesta merma de recursos que tendrá la Provincia si adjudica con esos porcentajes de quienes se han presentado a la licitación, lo que les impactará en el salario de cada uno de los trabajadores, que se calculan en unos 600 aproximadamente.
Los cálculos previos sostienen que quien se quede con el negocio deberá invertir alrededor de 1.500 millones de pesos, incluyendo el costo que tendrá la construcción del hotel. Esos inmuebles, además, serán propiedad del privado que administre la concesión y lleve adelante las obras civiles por su cuenta, pero con un horizonte de recupero de los recursos de unos 5 años y la recaudación proyectada ascendería a 100 millones por mes.
Según la denuncia, si se adjudica a Desarrollos Maipú SA con el canon ofrecido, el Estado dejaría de percibir cerca de 60 millones de pesos anuales; si el beneficiario fuese Traylon SA, lo que se perdería ascendería a 338 millones de pesos, también por año; y si, en cambio, fuese Fuente Mayor, se dejarían de percibir 228 millones de pesos anuales.
“Conforme el análisis realizado y de concretarse la adjudicación sin tomar en cuenta los parámetros vigentes de participación privada, además de afectarse los ingresos del Estado provincial, se generaría una afectación a las transferencias que el Instituto de Juegos y Casinos realiza a los programas de salud”, termina la nota presentada en la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Simón.
Fuente: Diario El Sol
