La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, a cargo de Mariana Caroglio, habría dejado sin trabajo a tres docentes y trasladó a otros dos por supuestos incumplimientos de “distanciamiento social” durante un almuerzo de trabajo en el marco de jornadas institucionales. Desde la Asociación Guanacache denunciaron que los trabajadores sancionados, quienes se desempeñan en la escuela del Penal de Bolougne Sur Mer, no tuvieron derecho a defensa, y que las represalias se aplicaron sin intervención de la Junta de Disciplina.
Mediante un comunicado, la organización civil ofreció detalles de lo sucedido: “El día miércoles 28 de julio, el CENS 3-503 realizó las Jornadas establecidas en el calendario escolar. Ese día se reunieron dieciocho docentes en un aula del Penal de Boulogne Sur Mer para tratar los asuntos institucionales. Al terminar la Jornada, el Supervisor felicitó a los miembros del CENS por haberla preparado y llevarla a cabo en forma presencial y virtual. Una vez finalizada, se quedaron cinco integrantes del CENS para compartir un almuerzo en el patio, al aire libre, con permiso pedido por escrito a las autoridades de la Penitenciaría. El permiso les fue concedido y la comida realizada con todo el protocolo sanitario correspondiente a la presencialidad promovida en esas fechas por la Dirección General de Escuelas. Con posterioridad, estos cinco docentes, que participaron de la Jornada y del almuerzo, fueron acusados por la DGE de ‘no respetar las distancias sociales y haber puesto en peligro a toda la institución”.
De acuerdo a lo expuesto por Guanacache, los cinco trabajadores de la educación recibieron notificaciones oficiales, los días 15 y 16 de septiembre, para comunicarles que el gobierno escolar había iniciado una investigación disciplinaria. Sin embargo, tres de ellos –con cargos suplentes- fueron despedidos de inmediato y los dos restantes –con cargos titulares- “trasladados provisoriamente” a otras escuelas.
Las sanciones arbitrarias, mientras el proceso de investigación se encuentra en curso, se efectivizaron sin respetar el debido proceso constitucional, negando el indispensable derecho de defensa y sin intervención de la Junta de Disciplina. “Prácticas punitivistas y disciplinatorias como las aplicadas, claramente son de una gravedad institucional inédita, aún más por el compromiso ético político de los compañeros que trabajan en una modalidad cuyo enfoque está centrado en la inclusión como eje constitutivo de su identidad”, aseguraron desde Guanacache.
Por último, la asociación educativa manifestó su “solidaridad con quienes están siendo objeto de esta injusticia” y solicitó a “las autoridades de la DGE que revea sus medidas, reincorpore a los compañeros cesanteados y deje sin efecto los traslados realizados”.
Fuente: El Otro Diario
