La magistrada está acusada de prestar su firma digital para que empleados firmaran documentación. Podría ser destituída.
El Jury de Enjuiciamiento, integrado por los 7 ministros de la Suprema Corte, 7 diputados y 7 senadores, decidió por unanimidad suspender a la jueza de familia María Elizabeth Lizán. Está acusada de prestar su firma digital para que los empleados del juzgado firmaran documentación.
Conocida la decisión que se tomó después del mediodía de este jueves en la sede de de Tribunales provinciales, ahora se abre el proceso de Jury que podría terminar con la carrera de la magistrada.
Luego de que trascendiera la denuncia en su contra y que fuera suspendida 44 meses, Lizán le solicitó al gobernador Rodolfo Suárez acceder al beneficio de la jubilación, pedido que fue rechazado. A partir de ahora, quedará suspendida en su puesto de trabajo y comienzan a correr 30 días para la producción de pruebas.
La defensa de la magistrada había respondido la acusación con dos denuncias que están bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Una de ellas es contra los funcionarios denunciantes por haber cometido el mismo delito del que se la acusa y la otra, más grave, contra tres ministros de la Corte: el presidente Garay, María Teresa Day y Julio Gómez por no haber denunciado penalmente la situación.
Justamente, la investigación arrancó formalmente cuando el presidente del Máximo Tribunal envió un oficio a fines de mayo para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de María E. Lizán que la Corte ordenó investigar.
El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica del máximo órgano judicial, según consta en el oficio presentado, habla de una "posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta".
En un comunicado, desde el Poder Judicial informaron que la jueza "prestaba" su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token "es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018, resaltaba el escrito.
Fuente: Mendoza Post
