Después de dos intentos frustrados de modificar la ley 7.722, primero del gobernador Rodolfo Suarez, y luego del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda; ahora cuatro diputados, liderados por el referente del PRO, Gustavo Cairo, insisten en adecuar esa norma y habilitar el uso del ácido sulfúrico, que es una de las sustancias que prohíbe la norma para desarrollar minería en Mendoza.
Entre los argumentos económicos para avanzar con los cambios que proponen, remarcan que desde el 2007, cuando se sancionó la ley no ha ingresado "ni un mísero dólar" en inversión minera metalífera en Mendoza. Mientras que esas inversiones sí se establecieron en provincias vecinas, en donde encontraron seguridad jurídica para sus emprendimientos.
"San Juan estima exportar unos $130.000 millones de dólares durante los próximos 30 años, generando más de 20 mil empleos directos adicionales", aseguran en la iniciativa que firman como coautores, Josefina Canale, Enrique Thomas y Guillermo Mosso.
"Yo estoy convencido que Mendoza puede dar un salto en su economía con el tema minero. Y el ácido sulfúrico que se emplea para el mosto, lo tenemos en la batería del auto y en otras industrias, se ha prohibido específicamente para la minería y es una sustancia vital para desarrollar el cobre. Por eso quiero que lo discutamos racionalmente. Si lo prohibimos lo prohibimos para todo", disafió Cairo.
Aquel primer artículo de la ley 7.722 ya tuvo un fallo de la Corte Suprema de la Nación declarando inconstitucional la frase "y otras sustancias tóxicas similares", en un expediente que generó la minera San Jorge.
En aquel fallo del 2021, ese máximo tribunal resalta que “el artículo 1° de ley 7.722, al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de "otras sustancias tóxicas similares", se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación".
Por redacción
