El gobernador Alfredo Cornejo anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan habitacional que contempla la construcción de 600 viviendas en la provincia, de las cuales 250 estarán destinadas exclusivamente al sector educativo. Bajo un esquema de participación público-privada, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) priorizará a los docentes titulares que cuenten con ahorro previo, buscando reactivar un sector que ha estado prácticamente paralizado en los últimos años debido a la crisis económica nacional.
Sin embargo, el anuncio ha generado incertidumbre debido a las estrictas condiciones financieras de acceso. Para calificar a estas unidades, el grupo familiar solicitante debe demostrar ingresos mensuales equivalentes a cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En el actual contexto de mayo de 2026, con un salario mínimo fijado en $363.000, la cifra exigida por el IPV asciende a un piso de $1.815.000, un monto que parece estar lejos de la realidad que perciben los trabajadores de la educación en las escuelas mendocinas.
Ante esta situación, surge la duda sobre la viabilidad del proyecto para los maestros de grado. Si analizamos un hogar conformado por dos docentes con 10 años de antigüedad, el ingreso familiar conjunto apenas superaría los $1.500.000, quedando más de $300.000 por debajo del mínimorequerido para la inscripción. Esta brecha salarial evidencia que, para acceder a la casa propia, un matrimonio docente necesitaría de un tercer ingreso o una carga horaria que duplique la jornada simple, dejando a gran parte de la clase media profesional fuera del beneficio.
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