El gobierno provincial promulgó oficialmente la Ley 9.715, una iniciativa que busca acelerar los tiempos para recuperar inmuebles de carácter social. Esta normativa modifica la legislación vigente con el objetivo de agilizar la restitución de aquellas propiedades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuyos adjudicatarios originales hayan perdido el beneficio a través de una resolución administrativa previa.
Entre los cambios más importantes, la reforma faculta al Directorio del IPV a regular los precios de venta, valores de alquileres, reajustes y modalidades de pago. Asimismo, se incorpora explícitamente a los procedimientos la alternativa de iniciar un juicio de desalojo de manera inmediata una vez que el Instituto decrete firmemente la desadjudicación del inmueble.
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