El máximo tribunal de la provincia falló a favor de la ONG Protectora para que la provincia implemente un Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros.
La ONG Protectora le sigue dando dolores de cabeza al Gobierno. La Corte resolvió en parte a favor de la agrupación comandada por José Luis Ramón y Mario Vadillo y ordenó que el Ejecutivo implemente el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros, algo que el Gobierno quería evitar. Incluso se trata de una medida anunciada cuando Cornejo era ministro de Gobierno, en la gestión de Julio Cobos.
La creación de este ente estaba contemplada dentro de la Ley 7.412 que se sancionó en agosto de 2005, pero nunca se puso en marcha. Mientras que la ONG Protectora exigía su creación, desde el Gobierno aseguraban "estar trabajando en una ley nueva", por lo cual "no sería conducente crear el ente hasta que ésta sea sancionada".
"Nos urge ofrecer una solución integral en materia de transporte y no poner un parche con una ley vieja", había expresado el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema el último 14 de septiembre.
Luego de que fallaran todas las audiencias de conciliación entre el Gobierno y Protectora, se solicitó que la Suprema Corte se expidiera al respecto. Ayer, el máximo tribunal de la provincia terminó fallando a favor de Protectora y ordenó que el Gobierno "efectúe las diligencias conducentes para poner en funcionamiento el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros creador por la ley N° 7.412″. Pero en la misma sentencia se avala las audiencias públicas y los aumentos de tarifas establecidos para el servicio de transporte de Mendoza, por lo que fue una de cal y una de arena para el Gobierno.
Pero además, desde el Gobierno deberán pagar los honorarios de Mario Vadillo, flamante diputado provincial electo por el Partido Intransigente en las elecciones legislativas del 22 de octubre. El abogado fue quien encabezó la demanda.
El fallo firmado por los supremos Pérez Hualde, Nanclares y Gómez, se da a conocer el día posterior a que el gobernador Alfredo Cornejo anunciara sus planes de aumentar a 9 la cantidad de miembros de la Suprema Corte, en el marco de un enfrentamiento político que mantiene con un sector de ese tribunal.