La sala de juegos de la Zona Este abrió sus puertas al finalizar el 2020. El órgano contralor efectuó contundentes observaciones a la licitación y adjudicación de la megasala ubicada en San Martín. Exige respuestas a los responsables del Instituto Provincial de Juegos.
El Tribunal de Cuentas puso la lupa sobre la licitación y adjudicación del supercasino del Este provincial, que abrió sus puertas el 27 de diciembre pasado, y en un lapidario informe exige que las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) expliquen varios puntos del cuestionado proceso.
La unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Fuente Mayor SA y New Star Internacional SRL ganó la licitación y construyó en tiempo récord la sala ubicada en calle Míguez de San Martín, que cuenta con 900 máquinas tragamonedas y "reemplaza" a los anexos del Casino Central en ese departamento y en Rivadavia. Los familias propietarias de ambas firmas son conocidas en el mundo del juego: Kristich y Olivares.
"Deficiencias en licitación pública alquiler de máquinas tragamonedas, casino Zona Este", es el título del punto III de la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas, donde se revelaron contundentes "observaciones" al proceso.
Entre las supuestas irregularidades, el órgano presidido por Néstor Parés destaca las ganancias que se llevan los privados, la falta de intervención de la Fiscalía de Estado, las imprecisiones del pliego de contratación y la ausencia de estudios técnicos que justifiquen la construcción de un hotel en el mismo predio donde se ubica la sala.
El informe comienza con un relato cronológico de los hechos: desde la decisión del IPJyC de cerrar los anexos de San Martín y Rivadavia hasta la apertura del nuevo casino.
En tal sentido, de acuerdo con el trabajo de control efectuado por el Tribunal de Cuentas, los problemas arrancaron con la resolución 159 del IPJyC, fechada el 30 de marzo del 2021, mediante la cual se autoriza el llamado a licitación pública por un monto de casi $5.145 millones.
"No consta en el expediente de la contratación, el respaldo documental de estudios económicos y/o sociales, de turismo, etc., por los cuales se fundamente la necesidad de incorporación en los pliegos de la contratación de un proyecto de inversión", subraya la auditoria al referirse a la propuesta de la UTE de construir un hotel complementario al casino.
Esa justificación debió existir antes de la convocatoria a la licitación pública. También, previo a la emisión de la resolución 159, era necesario remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado. Para el Tribunal de Cuentas, no se cumplieron esos requisitos.
"Además, la inclusión de un proyecto de inversión en los pliegos de la contratación, de las características que finalmente fueron adjudicadas, podría implicar un exceso en las atribuciones conferidas al Directorio por la ley de creación del Instituto, ya que excede a lo referido a la regulación del juego", advierte el informe oficial. Y añade que esa amplitud en el objeto de la licitación provocó cuestionamientos por parte de los oferentes y permitió un "considerable" grado de discrecionalidad en las actuaciones del IPJyC.
Luego el órgano contralor se metió de lleno en el análisis de la resolución 369, mediante la cual se adjudica la licitación a Fuente Mayor SA y NEW Star Internacional SRL. En concreto, apuntó directamente contra el canon que cobra la UTE y que alcanza el 68% por la provisión de los servicios de las tragamonedas. Se trata de un valor sensiblemente superior en comparación con contrataciones anteriores en esa zona.
"El aumento del beneficio en favor del operador privado, es significativo en relación a los porcentajes de la contratación previa para la misma zona, lo que debió ser justificado mediante las correspondientes evaluaciones de precios. No surge documentación de respaldo, por la cual se justifique la relación costo – beneficio en la adjudicación de un canon del 68%, superior al previamente existente del 49,8%, y no se trate de un precio excesivo", indica la auditoría.
Hay que recordar que las ganancias que el Estado obtiene de las salas de juego son destinadas a programas del Ministerio de Salud. Menos recaudación, menos fondos.
También señala que los costos de mantenimiento de la sala, a cargo del IPJyC, se podrían incrementar. "No hay evidencia de que los responsables hayan tenido en cuenta estos costos en la evaluación de precios", afirma el Tribunal.
Otra observación es la "significativa" diferencia entre presupuesto oficial y el finalmente adjudicado, que superó en un 18,20% al porcentaje estimado para la contratación.
Por otra parte el pliego de condiciones particulares de contratación determinó un objeto (alquiler de máquinas tragamonedas) y aclaró que el local destinado al casino debe estar integrado a un proyecto de inversión. Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas, no existe una "determinación clara, sencilla y concreta" sobre el alcance del mismo.
Las observaciones
En concreto, el Tribunal de Cuentas realizó diez observaciones:
- A – La falta de precisión en la determinación del objeto de la contratación, lo que podría, además, afectar la concurrencia, la igualdad y la competencia, ya que la amplitud del objeto, no permite una comparación más certera entre las ofertas.
- B – La diferencia entre el porcentaje de canon (precio) estimado del 49,8 %, y el porcentaje de canon (precio) adjudicado del 68%, lo que podría afectar la concurrencia de oferentes.
- C – La falta de intervención oportuna por parte de Fiscalía de Estado. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1 del Dec. 1428/18, debieron remitirse las actuaciones, previo a la emisión del acto de autorización de pliegos y llamado a licitación.
- D – Falta de notificación a Fiscalía de la Resolución de Directorio Nº 382, del 21 de septiembre de 2.021.
- E – La falta de pedido al oferente de mejora de oferta, ya que, si bien los porcentajes de las ofertas difieren en más del 5%, en el caso de Traylon, se ofrece un porcentaje mayor (77,17%) a los antecedentes previos de la contratación anterior ofrecido en la misma zona (49,8%). Además, si bien la oferta alternativa de la UTE fue desestimada, no puede obviarse que en la misma se cotizaba un 6% menos por el mismo servicio. La construcción o no del hotel era parte de un proyecto de inversión complementario que estaba en manos del privado. Se torna necesaria la solicitud de mejora de precios.
- F – Deberán, aportar respaldo documental de los estudios económicos realizados que fundamenten las nuevas condiciones de la contratación (necesidad) con la inclusión de un proyecto de inversión.
- G – Falta respaldo documental que demuestren la razonabilidad y conveniencia para el Estado del precio adjudicado. Se pasó del 49,8% al 68% de canon y no se adjunta en expediente, constancias de análisis de costo-beneficio sobre el precio convenido.
- H – La falta del volante de imputación definitiva de la contratación afectando el ejercicio 2021, siendo que el contrato con el proveedor adjudicado, se encuentra firmado desde el 21/09/2021.
- I – La falta de incorporación en la comisión de pre adjudicación, de unespecialista para la opinión técnica referido al Proyecto de Inversión que ha sido incluido en la contratación.
- J – La falta de Acta de inicio de la prestación del servicio y del respectivo cronograma del inicio de la ejecución del proyecto de inversión.
"Los responsables deberán justificar documentadamente cada uno de los aspectos observados…, lo que podría configurar un procedimiento administrativo irregular", avisa el Tribunal de Cuentas.
Las autoridades del IPJyC alcanzadas por la auditoría ya fueron notificadas. Se trata de Ida López (presidente), Francisco Martínez (director), Alejandro Luis Pérez (gerente general), Ulises Yair Moyano (contador general), Germán Bassani (gerente de Fiscalización), Carlos Alberto Magnani (gerente de Legales), Fabricio Fiocchetto (gerente de Tesorería), Paulo Serquera (gerente Administrativo), Ricardo Rodríguez (jefe de la Unidad Técnica de Mercado), Carola Blanco (jefa del Departamento Responsabilidad Social y Juego Responsable), Rebeca Pérez (subgerente de Compras), Gabriel O’Donell y Mauricio Pouget.
Cada uno de estos funcionarios deberá responder sobre distintas observaciones. Por ejemplo, en el caso de López, la titular del IPJyC, tendrá que explicar los ocho primeros puntos del listado. Lo mismo ocurre con el director Martínez.
Fuente: El Sol
