El diputado presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto 6582/58 que dispone el cobro de los trámites según el valor del automotor o maquinaria.
El objetivo del proyecto de Ramón, es dar de baja una práctica que “afecta negativamente” a todos los ciudadanos del país a la hora de inscribir, adquirir o transferir un automotor. En este sentido el legislador mendocino sostuvo que “no existe un argumento válido para cobrar un precio atado al valor de un bien por la realización de un trámite que tiene la misma dificultad, tanto si el bien tiene un precio alto como bajo”. Se trata de que el arancel tenga relación con el trabajo que hace el registro y no con lo que vale el automotor.
Ramón advierte que el proyecto da cuenta de las “diferencias desorbitantes e injustificadas” que se presentan en la realización de este trámite a comparación de otros países vecinos. Y en este sentido, sostiene que no es un dato menor destacar que en el estado de Rio de Janeiro, por ejemplo, el precio fijo por la transferencia es de R$ 139,30 (equivalente a 993 pesos) mientras que en Bahía es de R$ 146 (1.041 pesos). En México, precisamente en el Distrito Federal, el arancel correspondiente al cambio de titularidad es de 301,50 pesos mexicanos (409 pesos argentinos) mientras que en el estado de Benito Juárez el precio por el mismo trámite es de 237 pesos mexicanos (321 pesos argentinos).
En nuestro país es sumamente diferente la situación ya que si se adquiere un auto de 315.000 la tarifa correspondiente sería de 4725 pesos, casi diez veces más que en México. “Estos casos sirven para testificar el contraste desmedido que existe entre los mencionados Estados y el importe colosal que implica transferir o adquirir un automotor hoy en día en nuestro país”, señaló el diputado.
En concordancia con la línea de la Asociación Nacional de Defensa del Consumidor y Asociación Protectora, de la cual Ramón forma parte, sostiene que con este proyecto “se pretende evitar que un trámite administrativo simple se termine convirtiendo en un impuesto abusivo para perjudicar la economía del ciudadano”.
Fuente: Medios
