El titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, explicó que es para que las escuelas no cierren por problemas sencillos. Los intendentes analizan con recelo la propuesta.
En los últimos días de enero, el director General de Escuelas, José Thomas, el ministro de Hacienda, Víctor Peque Fayad, y el vicegobernador de la provincia, Mario Abed –a cargo del Ejecutivo por ausencia del gobernador Rodolfo Suarez- fueron los encargados de reunirse con cada uno de los 18 intendentes para explicarles cuál es la propuesta acerca de que las comunas se comprometan en la reparación de escuelas. Se les pide cumplir con el artículo 55 de la Ley de Prespuesto 2022, que indica que la provincia debe coparticipar el 18% de lo que recibe por la Ley de Financiamiento Educativo a los municipios. De este monto, se les exige a los jefes comunales invertir el 30% en infraestructura escolar. Hasta aquí, todos de acuerdo. Es una ley y hay que cumplirla.
Sin embargo, el disgusto que muestran la mayoría de los jefes comunales, aunque muchos de ellos lo reconocieron en off, es tener que hacerse cargo de recibir los reclamos de los directivos en sus comunas. Están dispuestos a rendir ese dinero, pero sin relacionarse directamente con las escuelas. Esa dicotomía es la que se trata de resolver entre los miembros del Ejecutivo y los jefes comunales.
Por lo pronto, el director General de Escuelas, manifestó que no les están pidiendo a los intendentes que se encarguen de todos los arreglos que requieren los establecimientos, sino de aquellas roturas menores, que hacen al funcionamiento diario de las escuelas, y que muchas veces impiden el dictado de clases.
Qué dice la DGE sobre el acuerdo con los intendentes por infraestructura escolar
José Thomas indicó, en primer lugar, que este no va a ser el único dinero que se destine al arreglo de escuelas, sino que más bien es un refuerzo. Una forma de agregarle plata a estos trabajos.
“Hay un fondo específico, con una asignación específica de Financiamiento Educativo, ese fondo llega a la provincia y eso se coparticipa en un 18% a los municipios, según el artículo 55 del presupuesto 2022, el 30% de este dinero que se reparte tal y como lo indican los porcentajes de la ley de coparticipación, tiene que ser destinado a infraestructura educativa".
Con lo cual, el Gobierno se asegura que de los 3.400 millones que se coparticipan de la ley de Financiamiento Educativo, 963 millones se inviertan en arreglos de escuelas.
Cuál es la opinión de los intendentes sobre los arreglos de las escuelas
La información que proviene de algunos municipios, como Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital, indica que un equivalente a este dinero que exige el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2022, ya se invierte para arreglar escuelas.
Lo que no quieren los intendentes es lidiar con las quejas y reclamos administrativos en los municipios.
Al respecto, Thomas manifestó “Este es un problema que es de todos. A los municipios les estamos pidiendo que colaboren”.
Por otra parte, piden un censo sobre el estado de las escuelas, departamento por departamento, con lo que José Thomas está de acuerdo. “Me parece lógico que pidan esto, para saber con qué realidad se van a encontrar”.
También requieren que se firme un convenio en particular con cada uno de los 18 municipios, ya que todas las realidades son diferentes.
Qué les pide la DGE a los intendentes
Thomas explicó que lo que se plantea es que debe haber un control sobre esos fondos, para asegurarse que van a aumentar el presupuesto que se invierte en reparaciones y mejoras de edificios.
“Lo que les vamos a pedir es que lo gasten en algunos arreglos que garanticen que las escuelas estén habitables. No para grandes obras, sino para que no se cierren las escuelas”
El funcionario agregó, además, que “Nosotros les pedimos que por ese 30% se hagan cargo de algunos arreglos, de los que puedan y de hecho de los que elijan. Vamos a hacer un convenio con cada intendente, no le vamos a obligar nada a nadie”.
Lo que pide el Ejecutivo es que las comunas se hagan cargo de arreglos menores, como destape de pozos, desinfección, mantenimiento de cloacas, arreglos en los baños.
“Si se rompe un baño, yo tengo que cerrar la escuela por esto. Los municipios tienen una logística mucho más rápida para intervenir”.
Thomas señaló que la tarea de los municipios será colaborar con la habitabilidad de los edificios escolares, para que se garantice la presencialidad de los alumnos.
Por otra parte, señaló que este acuerdo no es para arreglar escuelas de acá al 21 de febrero, día en el que comienza el ciclo lectivo 2022.
“Se trata de una política pública educativa para todo el año y queremos que sea para siempre”, destacó.
Trabajan en pos de un acuerdo
Si bien no hay firmado aún ningún convenio, Thomas no nota que los acuerdos vayan por mal camino, al contrario: cree que van a llegar a un entendimiento. Esto siempre y cuando se respeten las condiciones particulares de cada comuna.
“Todos creemos que la infraestructura escolar es un problema, esta es una pata más para financiarla. La provincia va a seguir poniendo el dinero que se aprobó en el presupuesto para mejorar en este aspecto”.
La Legislatura aprobó una pauta de aproximadamente $1.500 millones para infraestructura escolar. A esto se le agregarán los 963 millones de pesos que aporten los municipios para cumplir con el artículo 55 del Presupuesto 2022.
El aporte de los intendentes en números
La provincia recibe por la ley de Financiamiento Educativo un aporte de, aproximadamente, $19.000 millones de pesos. De estos, el 18% -$3.400 millones- se comparte con los municipios siguiendo los porcentajes de la Ley de Coparticipación.
Lo que deberá aportar cada departamento para mejorar la infraestructura educativa:
- Capital: $67 millones.
- General Alvear: $36 millones.
- Godoy Cruz: $112 millones
- Guaymallén: $122 millones
- Junín: $30 millones
- La Paz: $24 millones
- Las Heras $108 millones
- Lavalle $33 millones
- Luján: $62,1 millones
- Maipú: $88,5 millones
- Malargüe: $17 millones
- Rivadavia: $29,1 millones
- San Carlos: $23 millones
- San Martín: $63 millones
- San Rafael: $98 millones
- Santa Rosa: $25,5 millones
- Tunuyán: $38,7millones
- Tupungato: $22,2 millones
Fuente: Diario Uno
