El Senado de Mendoza convirtió en ley un proyecto impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que busca agilizar los mecanismos de recupero y desalojo de casas sociales cuando se constaten incumplimientos graves por parte de los adjudicatarios. La nueva normativa modifica leyes previas y el Código Procesal Civil y Comercial para habilitar juicios de desalojo rápidos una vez que la desadjudicación esté firme, otorgando competencia a la Justicia de Paz Letrada para acortar plazos que antes resultaban sumamente extensos y complejos.
Las causales principales que habilitan este proceso son la mora (acumulación de tres cuotas impagas, ya sean consecutivas o alternadas) y la ocupación irregular de la vivienda. Desde el organismo aclararon que la quita del inmueble no es inmediata, ya que existen instancias previas de acompañamiento social, planes de pago y refinanciación adaptadas a los ingresos familiares que pueden extender el trámite administrativo entre 12 y 15 meses. Asimismo, recordaron que el alquiler de las unidades solo se permite bajo motivos excepcionales y debidamente justificados.
Por su parte, el interbloque opositor "Encuentro Mendocino" planteó duras críticas al proyecto durante el debate legislativo. Los legisladores advirtieron sobre los riesgos jurídicos de desalojar a una familia mientras la discusión administrativa o judicial continúe abierta, señalando que un error posterior causaría un daño irreversible. Además, enfatizaron la necesidad de garantizar la transparencia desde el momento de la adjudicación, reclamando el tratamiento de iniciativas que impidan el acceso a viviendas sociales a funcionarios públicos y sus familiares directos.
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