El auditor Gabriel Balsells Miró y su equipo analizan el convenio que dio origen al subsidio de $9 millones que luego se cayó por decreto.
El auditor Gabriel Balsells Miró ya tiene en sus manos el expediente que generó el decreto por el que el Gobierno otorgó a la fundación de Héctor Bonarrico un subsidio de $9 millones por año, con una duración de 24 meses prorrogables. Si bien no hay aún una denuncia formal presentada en la oficina de Ética Pública, analiza qué pasos seguir según determina la ley 8.993.
De hecho, incluso sin que se formalice una denuncia, el titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública puede promover la investigación de oficio.
De todas maneras, según indicaron desde el PJ mendocino, así como se presentará una denuncia de averiguación de delito en sede penal, también se hará ante el organismo de ética pública por lo que se abrirá una investigación.
El auditor Balsells Miró, ex diputado provincial, señaló que no emitirá opinión respecto del tema en cuestión para que sus declaraciones no puedan ser tomadas como preopinión y por tanto puedan ser usadas como causal de nulidad en un eventual proceso.
Por qué se cuestiona la línea ética del convenio entre el Gobierno y Bonarrico
El pastor Héctor Bonarrico es el presidente y socio fundador de la Fundación Acción social que recibió el subsidio para desarrollar acciones educativas y sociales en su comunidad, además de promover el programa Mendoza Activa del Gobierno provincial.
La firma de ese acuerdo se dio el 23 de febrero, según consta en la certificación del mismo que realizó la Escribanía Mayor de Gobierno el 20 de abril pasado. Durante ese lapso, el pastor era un senador aliado de Cambia Mendoza.
La incorporación de su partido Mas Fe a Cambia Mendoza se dio en julio del año pasado. En las elecciones legislativas, Bonarrico no fue candidato y, por tanto, el 30 de abril de este año terminó su mandato en la Legislatura.
Según él mismo advirtió en declaraciones públicas, hizo dos acuerdos con el Gobierno, uno pre electoral y uno post. El primero se dio cuando Más Fe se sumó a Cambia Mendoza. "Me dijeron que alguien del partido iba a continuar en la Legislatura representando al 20% de los evangélicos que me eligieron a mi", dijo a radio Nihuil.
Y el segundo, ya una vez que se cayó la posibilidad de que formara parte de las listas, cuando se le ofreció, desde Gobierno manejar una dirección interculto. Fue entonces cuando él, siempre según su relato, propuso que fuera la Fundación la que llevara a la práctica las acciones sociales sin la necesidad de qué él obtuviera un cargo público. De hecho, el propio Bonarrico advirtió antes de conocer la derogación del decreto, que si el gobernador daba marcha atrás, él se retiraría de Cambia Mendoza.
Lo que tendrá que analizar la Oficina de Ética Pública es si este último acuerdo, por el que se selló un subsidio de $9 millones en dos veces a favor de su fundación, siendo su partido parte del frente oficialista, cumple o no con la normativa provincial, independientemente de si configuró un delito de corrupción o no.
Respecto de esa cuestión ética, Ibañez se defendió aduciendo que el lazo se selló con la fundación y no con él, aunque él es su presidente. Mientras que para el PJ, lo ocurrido podría encuadrarse en un posible tráfico de influencias.
Fuente: Diario Uno
