La Dirección General de Escuelas (DGE) determinará cuáles son las "carreras prioritarias" en la provincia que se dictan en los Institutos de Educación Superior, dependientes de la educación estatal, como las de gestión privada que reciben subsidios.
Esto significa que aquellas que cuentan con matrícula reducida o que no tienen condiciones edilicias acordes no abrirán una nueva promoción en 2019. De esta manera, la oferta educativa existente y la nueva quedarán sujetas a evaluación permanente.
Entre las condiciones que deberán reunir las carreras que se dicten en los más de 70 institutos en la provincia, se indica que la matrícula mínima para continuar dictándose la carrera deberá ser de 25 estudiantes para el cursado presencial en las zonas urbanas. Mientras que para las zonas rurales, desfavorables o periféricas, deberán tener 18 estudiantes como mínimo.
Mientras tanto, las exigencias para los institutos de educación privada que perciben aportes del Estado, deberán contar como mínimo con 20 alumnos en la zona urbana y 18 de entornos rurales. Y duplicar estos números en el alumnado para continuar con nuevas promociones de alumnos.
Ante esta situación, la Coordinadora de Educación Superior, Emma Cunietti, defendió la iniciativa al asegurar que "en muchos casos teníamos una sobreoferta de carreras, mientras en otros sectores de la provincia no podíamos para dar respuesta a la demanda".
Otro de los puntos que compromete la normativa hace referencia a la posibilidad de relocalizar la oferta de algunas carreras y de solicitar al docente titular su traslado, siempre y cuando preste conformidad.
Aquellos que no lo acepten pasarán a disponibilidad un año. Mientras que los suplentes que no acuerden esta nueva condición, quedarán cesantes.
Sin embargo, desde el Sindicato Unido de la Educación (SUTE), Sebastián Henríquez, volvió a advertir que "para muchos institutos esta disposición va a ser un verdadero problema. Y en cuanto a los docentes que trabajan en un lugar con pertenencia a la comunidad y se tienen que trasladar a otro, en el caso que se relocalice la carrera, va a ser un trastorno para su vida personal y para su familia".
Por otro lado, Henríquez remarcó que "el problema de fondo es hacer un profundo ajuste en la educación superior y marcar qué hay que estudiar en función del mercado y no pensándolo como un derecho".
Fuente: Medios
