También fue señalado el funcionario nacional Esteban Leguizamo, quien deberá responder junto al director local en el marco de esta investigación federal.
La Fiscalía había solicitado no solo la formalización de la investigación, sino también que se impidiera la salida del país a los funcionarios implicados. Sin embargo, el pedido de restricción fue rechazado por la magistrada, quien sostuvo que no había indicios de riesgo procesal.
La jueza estableció un plazo de 45 días para reunir y presentar las pruebas que permitan determinar si existió efectivamente un delito. En ese lapso, se deberá definir la responsabilidad de los acusados y si corresponde avanzar hacia un proceso más profundo.
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