La CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), brindó en Mendoza una charla sobre estrategias contra la venta en negro, piratería y contrabando, ya que la provincia es una de las siete en todo el país con más ilegalidad comercial.
Según un estudio arrojado por la Confederación, la Ciudad de Mendoza se ubica en el puesto 20º entre las 110 ciudades argentinas en las que se ha detectado la existencia de comercio ilegal. Además, el estudio ubica a Mendoza dentro de las siete provincias que mayor índice de ilegalidad comercial tiene.
"Hay aproximadamente 130 habitantes en la Ciudad de Mendoza por cada local que vende mercadería ilegal. A nivel nacional, La Matanza y localidades fronterizas del país, sobre todo en Misiones, Formosa y Salta, son las más afectadas", informó Jorge Violini, de British American Tobacco, una de las 13 empresas que conforman la Asociación Civil Antipiratería Argentina.
El informe de CAME dilucidó también que en la provincia hay 41 ferias denominadas Saladitas, donde funcionan 2.983 puestos y 578 manteros. Son números del primer semestre de 2017.
Las Saladitas en la mira
Uno de los pedidos de la Asociación Civil Antipiratería Argentina es que se apruebe el proyecto presentado por el diputado nacional de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Sorgente, que propone regular el comercio en complejos no convencionales, ferias, mercados o similares. Se refiere a las denominadas Saladitas.
"Necesitamos que se vigile el funcionamiento de las ferias para prevenir la venta de productos falsificados y el empleo informal. Se trata de mercadería sin controles sanitarios ni de calidad y de trabajadores que se desempeñan en condiciones muy precarias", dijo Caride.
Según el proyecto, en el país la venta ilegal moviliza más de $70 mil millones de pesos por año, afectando principalmente a los comercios que trabajan dentro de las normas y representa menores ingresos tributarios que, en el mejor de los casos, podrían ser destinados a mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Un aspecto interesante explicado por Caride fue la diferencia entre la posible legalidad de una feria, por contar con habilitación municipal y pagar impuestos, con la ilegalidad de la mercadería que en ella se vende, lo que derribaría la primera legalidad mencionada. "Cuando se habla de ilegalidad se hace referencia a productos adulterados, mercadería robada o producida de manera ilegal", cerró el presidente de la asociación antipiratería.
Por Redacción
