Según explicó Rodrigo Giménez, secretario administrativo del IPV, la situación de esos 880 adjudicatarios es crítica. “Si en breve no regularizan, estas personas serán desalojadas de su vivienda y como la misma está a nombre del IPV, lo que se hará es adjudicarla a otra persona sin instancia de juicio”, explicó.
“Todos estos trámites son largos y pueden tardar más de un año; sin embargo, estamos sentando precedentes de cómo son las cosas ahora en el Instituto y que las personas no pueden acceder a un crédito y una vivienda y nunca pagar por ella”, remarcó el directivo.
Rodrigo Giménez contó que IPV decidió buscar una nueva herramienta -la cual es privada- como es el Veraz, para poder dar una instancia de notificación más fuerte de las que se venían haciendo. “En las anteriores gestiones, cada año el moroso recibía una notificación de las cuotas impagas, y así se repetía continuadamente sin que nada pasara con su situación o su vivienda. Ahora, tenemos el objetivo de que la gente pague por su crédito”, explicó.
Por el momento, se ingresaron 3.000 personas al Veraz, luego de que se lo haya notificado para que regularicen su deuda. “Al no responder, son cargados a ese sistema”, explicó Damián Salamone, presidente del Instituto.
“A partir de este año hemos instrumentado un mecanismo diferente para realizar el tratamiento adecuado a la mora que tienen más de 30 mil adjudicatarios. De los deudores, la morosidad más alta se da en aquellos beneficiarios que tienen una cuota mensual de $ 100; cerca de 13.000 créditos. Luego, las familias que abonan entre $ 100 a $ 500 la morosidad son del 21% y con cuotas mayores a $ 500 la morosidad asciende a 22%”, detallaron desde el organismo.
La operativa nueva del IPV es la siguiente: primero se identifica al deudor, que se lo considera en ese estatus luego de 3 cuotas impagas. Ahí se lo notifica bajo puerta y si a los 10 días no responde se envía la misma base al Veraz. La empresa, con sello y membrete de ellos se los vuelve a notificar con la leyenda: “en los próximos 10 días debe regularizar su deuda y acudir a las oficinas del IPV”.
Si pasados los diez días la persona no acude al Instituto para regularizar o refinanciar la deuda, esa carpeta pasa al Veraz y a las oficinas legales del ente de vivienda para continuar con los trámites de ejecución de hipoteca o desalojo administrativo. Es un proceso de pre judicialización de la carpeta. Finalizado esto, ahí sí pasa a la justicia para la etapa de ejecución de hipoteca o desadjudicación con desalojo.
Giménez contó que han tenido hasta el momento un porcentaje menor de personas que luego de ser enviadas al Veraz terminan yendo a averiguar la situación. “Las personas no terminan de reaccionar y dimensionar la gravedad de estas notificaciones y lo que le pueda pasar a la vivienda de ellos”, precisó.
“Ahora sí el IPV está tomando medidas, a pesar de que claramente, le damos diversas alternativas de pago. Queremos que la gente se quede con su casa, pero siempre que la pague”, agregó.
El problema que planteó este directivo, así como el presidente, es que durante muchos años la gente vivía recibiendo notificaciones de deuda, y no pasaba nada con ellos. “Se han acostumbrado a que deberle al IPV es algo menor, pero ahora la situación es diferente y nos estamos poniendo firmes en todos los procesos para recuperar el dinero o la vivienda”, acentuó Salamone, quien precisó que la deuda actualmente asciende a los 200 millones de pesos y corresponde al 45% de los 65 mil créditos otorgados por el organismo.
El IPV tiene nueve carpetas con ejecución hipotecaria. Son aquellosadjudicatarios que no pagaron su deuda luego de todas las instancias explicadas. “Si la persona no paga la deuda la vivienda y no hay un acuerdo entre partes, su hipoteca es nuestra garantía de incumplimiento, por lo tanto queda a nuestro poder y se ejecuta”, señalaron.
El 100% del dinero del Fonavi va a casas en Mendoza
Luego de que las provincias firmaran el Pacto Fiscal, las mismas tienen la obligación de que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) vayan a este destino y no se destine a pagar sueldos, deuda y otros gastos corrientes, como venía sucediendo hasta el momento.
Cabe indicar que durante el 2002, por medio de un decreto, se le permitía a las provincias disponer de esos fondos libremente para afrontar gastos corrientes. Sin embargo, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, derogó esto en uno de los puntos del Pacto Fiscal de diciembre, con el objetivo que vaya a la ejecución exclusiva de viviendas tipo social.
En Mendoza este año se estima que llegarán cerca de 311 millones de pesos y según el presidente del IPV, Damián Salamone, desde la administración de Cornejo el dinero va al destino acordado, por lo que “el cambio de dirección no ha sido y será un inconveniente para Mendoza”. Cabe recordar que el dinero llega mensualmente por medio de lo recaudado por el Ejecutivo nacional.
Finalmente el directivo sentenció que “se seguirá por esta vía con el objetivo de reducir el déficit habitacional”.
Fuente: Medios.
