Luego de un polémico debate por la aprobación de la ley Antitarifazos, y tras el veto del Presidente, Mauricio Macri, hoy se publicó la acción del mismo en el Boletín Oficial.
Este viernes, se publicó en el Boletín Oficial, los argumentos del rechazo al Proyecto de Ley con el que el Senado y Diputados declararon la Emergencia Tarifaria.
Dicho decreto (499/2018), lleva la firma del presidente Mauricio Macri y menciona al jefe de Gabinete Marcos Peña y al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.
En la justificación, el máximo mandatario llega a citar a Cristina Fernández de Kirchner en uno de los párrafos. “La ex Presidente (sic) Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que ‘la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo’”, dice la publicación que recuerda cuando la antecesora del mandatario vetó el 82% móvil.
El Gobierno calcula que el costo fiscal de retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre de 2017 ($ 65.886.000.000) “equivale a, por ejemplo, 77.000 viviendas sociales, más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi cuatro millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”. Con nueve páginas publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno argumentó el rechazo al Proyecto de Ley con el que el Senado y Diputados declararon la Emergencia Tarifaria.
El decreto 499/2018 lleva la firma del presidente Mauricio Macri y nombra al jefe de Gabinete Marcos Peña y al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.
En la extensa justificación, Macri hasta cita a Cristina Fernández de Kirchner en uno de los párrafos. “La ex Presidente (sic) Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que ‘la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo’”, dice la publicación que recuerda cuando la antecesora del mandatario vetó el 82% móvil.
Se calcula desde el Gobierno que el costo fiscal de retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre de 2017 ($ 65.886.000.000) “equivale a, por ejemplo, 77.000 viviendas sociales, más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi cuatro millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”.
Además, argumentan que “la sanción de la norma implica un límite a la discrecionalidad del Poder Legislativo, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional, redundando finalmente en un perjuicio para la sociedad en su conjunto”, deslizando que la misiva es anticonstitucional.
Incluso, Macri involucra a gobernadores –algunos opositoress- que “se han expresado públicamente en contra del Proyecto de Ley”, enumerando que pertenecen a las provincias de Buenos Aires (Cambiemos), Chaco (Peronismo), Córdoba (Peronismo), Corrientes (Cambiemos), Entre Ríos (Cambiemos), Jujuy (Cambiemos), Mendoza (Peronismo), Misiones (Peronismo), Neuquén (MPN), Rio Negro (Peronismo), Salta (Peronismo), Santa Fe (Socialismo) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cambiemos) quienes se oponían.
Por último, el mandatario recordó que hay jurisprudencia redactada por la propia Corte Suprema de Justicia "la facultad de establecer tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrador".
Fuente: Medios
