La controversia en torno al grave accidente automovilístico ocurrido el pasado jueves en Mendoza sumó un nuevo y complejo capítulo tras la reaparición pública de los hijos del propietario original. La familia denunció en los medios de comunicación que el vehículo involucrado en el siniestro debía encontrarse resguardado bajo custodia pública en la playa de secuestros. Sin embargo, las miradas apuntan hacia la figura de Pablo Núñez, un operador del rubro financiero y de compraventa de vehículos en la región, quien aparece explícitamente mencionado en la documentación notarial que permitió la salida de la unidad del predio oficial.
De acuerdo con las actuaciones administrativas, Núñez figura en el instrumento confeccionado bajo la firma de la escribana Barzola como la persona facultada para tramitar y concretar el retiro del automóvil de la dependencia estatal. Este documento clave no solo encendió las alarmas sobre los controles en el sistema de custodia judicial de vehículos, sino que también desató un fuerte cruce institucional al revelarse el papel central que jugó dicha acta en la restitución de un rodado que nunca debió volver a circular sin la debida autorización del titular.
Por su parte, la escribana Barzola habría manifestado internamente que los documentos notariales presentados para efectuar el trámite habrían sido adulterados. Según trascendió, la profesional estaría considerando denunciar que ella jamás autorizó a Núñez a retirar la unidad del predio ni validó sus facultades sobre el bien. Ante este panorama, la Justicia e investigaciones administrativas avanzan a paso firme para determinar las responsabilidades penales detrás de la presunta falsificación documental y las fallas operativas en la playa de secuestros.
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