La Justicia Federal procesó a Sergio Salgado, ex intendente peronista de Santa Rosa, por la desaparición de un subsidio de $580.000 que el Ministerio de Trabajo de la Nación había enviado al municipio para combatir el trabajo infantil.
El último rastro de ese dinero indica que el 28 de mayo del año 2015 fue extraído de la cuenta del Banco Nación asignada a la comuna. De la rendición de gastos no había siquiera un documento, factura o comprobante. Ni un papel, lo que impulsó a Norma Trigo a denunciar el faltante en la Justicia.
Tampoco está consignado quién ejecutó el retiro y dejó en la cuenta con CBU terminado en 92 un saldo de apenas $1.600.
A través del Juzgado de Garantías 2 la Justicia Provincial se declaró incompetente para investigar, porque el dinero en cuestión era de procedencia nacional. Así, la investigación recaló en el Juzgado Federal 1 a cargo de Walter Bento.
Los ex funcionarios Marcial Ibarra y Simón Cara también fueron procesados igual que Salgado. Todos están comprometidos por fraude a la administración pública y sustracción de caudales cuya administración les fue confiada debido a la función que cumplían.
Bento decidió que la acusación para todos los involucrados sea "sin prisión preventiva", por lo cual están en libertad y mantendrán esa condición hasta el momento del juicio oral y público.
El usía también dispuso la inhibición de todos los bienes del ex intendente de Santa Rosa, ya que cuando le trabó embargo por $50.000 respondió que no poseía bienes propios para afrontar esa situación.
Ibarra fue subsecretario de Desarrollo Económico de Santa Rosa y el Concejo rechazó su pedido de reincorporación al cuerpo deliberativo a pesar de que un fallo lo favorece.
Cara fue jefe del área Economía Social y de Producción de la comuna y dejó de trabajar a comienzos de 2016. Cuando fueron llamados a indagatoria por el juez Bento se negaron a declarar. A ellos también se les trabó embargo por $50.000.
¿Cómo sigue?
La pesquisa judicial está orientada a la búsqueda de un nuevo testigo: Alfredo Lescano, tesorero municipal en 2016, para que explique quiénes estaban autorizados a retirar dinero de la cuenta habilitada especialmente por el Nación para depositar los fondos del subsidio por el Programa Nacional Buena Cosecha a disposición de la comuna.
Motivos
El juez Bento ha determinado, al cierre de la investigación, que la comuna "no ha rendido cuentas" acerca del destino de los $580.000 para la época en que Salgado era intendente y Cara e Ibarra sus funcionarios.
Uno de los principales testimonios lo dio la representante del Programa Buena Cosecha en Mendoza, María Marta Goudailliez, quien dijo: "Todavía no rinden cuenta de ese subsidio. El mecanismo establece que no hay gastos parciales: el dinero debe ser gastado y rendido en su totalidad".
"Buena Cosecha apunta a erradicar el trabajo infantil porque está orientado a que los hijos de los cosechadores no trabajen en las fincas. El Ministerio de Trabajo de la Nación financia gastos de capital y de transporte en jardines maternales. Se realiza una transferencia, a través del Banco Nación, a la cuenta informada por el municipio", aseguró la funcionaria a la Justicia
Luz de alerta
En 2016 la gestión de Norma Trigo se enteró de que faltaba esa rendición de gastos porque desde la Nación habían dejado de enviarle el subsidio por Buena Cosecha a la comuna.
La declaración del funcionario Julio Leguizamón comprometió a Cara e Ibarra y sirvió para confirmar que cuando Trigo llegó a la comuna no había ni un solo papel que sirviera para saber siquiera de la existencia del subsidio.
La intendenta fue directa en sede judicial: "Dichos fondos eran manejados por el área Economía Social, siendo la persona encargada de rendir cuentas el señor Guillermo Cara".
Luego informó que citó a Cara varias veces "pero no compareció a cumplimentar su obligación".
La voz de Salgado
El ex intendente se defendió en la indagatoria salpicando a su sucesora, a quien le atribuyó la responsabilidad de no haber rendido cuentas. Fue cuando dijo que el plazo para rendir gastos del Programa Buena Cosecha "era de hasta un año y yo, en mayo de 2016 -fecha límite para el subsidio de mayo de 2015- ya no era intendente de Santa Rosa: dejé de serlo el 4 de marzo de 2016″.
"Que no se haya rendido el dinero como se me imputa no quiere decir que el mismo no se haya gastado en lo que correspondía", destacó el ex intendente en la indagatoria.
Fuente: Diario Uno
