La Legislatura de Mendoza digitalizó este martes la lista con más de 25 mil personas vacunadas en la provincia. Algunos detalles de la nómina presentada por el Gobierno.
Desde que el escándalo del vacunatorio VIP explotó en todo el país, hace ya más de diez días, la sospecha de que irregularidades del mismo tipo podrían haberse repetido en Mendoza quedó instalada.
El gobierno de Rodolfo Suárez permitió finalmente que los legisladores opositores que habían pedido el detalle del listado de vacunados en la provincia accedieran a la información, después de que transcurrieran 24 horas de que esa extensa nómina de 30.000 personas fuera dejada en la mesa de Entradas por el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
Algunos nombres ya aparecen. Uno de ellos es el del intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien se dio una primera dosis el 23 de enero pasado. No se había blanqueado hasta el momento que un intendente de Mendoza se haya vacunado, así como tampoco se difundió el presidente del Concejo Deliberante de ese departamento, Daniel Llaver, quien también figura en la lista.
Ambos son médicos y Rufeil en su momento fue director del Hospital Notti. Pero hoy no está en ese cargo. La explicación oficial por la situación, fue que los dos, intendente y concejal, “siguieron operando e incluso hicieron hisopados” durante la pandemia.
El blanqueo de esos datos sensibles no es un derroche de transparencia: la información fue aportada en formato papel (sin digitalizar) y luego de que propio gobierno, durante los últimos cinco días al menos, tuviera chance de revisar a quiénes le había dado la Sputnik V en Mendoza hasta la semana pasada.
Del pedido de informes que realizó un grupo de senadores, con Marcelo Romano al frente, faltan al menos dos elementos vitales para poder cruzar los datos y establecer si, como se sospecha, hubo gente que saltó la fila y accedió a una o a las dos dosis de la vacuna de manera irregular.
Uno de esos datos está relacionado con la cantidad de vacunas que se aplicaron en la provincia, para poder cruzar esa información con la nómina suministrada a nivel oficial. Y el otro punto está en la solicitud que se realizó para que la información estuviera discriminada por área de Salud y por departamento, para hacer más accesible el chequeo de datos.
Nada de esto fue lo que blanqueó Ibáñez. En su lugar, se entregó un listado de “30.000 renglones”, tal como lo describió el ministro, en dónde ni siquiera se puede acceder a los datos por orden alfabético. Los legisladores que accedieron a la información se ocuparon de digitalizar las decenas de hojas de papel que el Gobierno envió, aunque allí tampoco el acceso es sencillo. Para tratar de determinar si hubo alguna irregularidad, el interesado tiene que recorrer la lista renglón por renglón y buscar allí el nombre de quien, supuestamente, se vacunó y no correspondía.
Un detalle importante. El registro inicial de los vacunados, según se informó a nivel oficial, se realizó anotando no sólo el nombre y el apellido del profesional de la salud vacunado (a quienes la campaña de vacunación inoculó en una primera etapa con la Sputnik V). Sino que también quedó asentado la dirección y la matrícula de ese profesional. El fiscal de Estado, Fernando Simón, autorizó a través de un dictamen emitido el lunes la difusión de los datos, pero instruyó al Poder Ejecutivo para que omitiera hacer público el domicilio del beneficiado.
El gobierno acató esto. Pero se reservó la difusión de la matrícula. Eso hubiera permitido, como le permitió en los chequeos previos que el propio Ministerio de Salud realizó, cruzar la información para determinar quienes habían sido vacunados y no formaban parte de los profesionales de la Salud.
De una lectura rápida del padrón de vacunados surgen varias particularidades. Una de ellas es que se tomó un criterio amplio de personal de la salud, pues hay empleados y funcionarios que no atienden a pacientes que se dieron la vacuna. Es el caso de algunos abogados que figuran en el listado. También que hubo puntos ciegos en la campaña de los que ni el propio Gobierno puede dar certezas. El sector privado es el que más dudas genera allí.
La propia Iris Aguilar, la funcionaria a cargo de la campaña de vacunación, reconoció que tras ese chequeo habían detectado que muchas personas, que no eran profesionales sanitarios, habían recibido una vacuna. Pero buscó aclarar que se trataba o bien de personal de limpieza, o bien de personal de seguridad de las mismas clínicas u hospitales. Nada de eso, por el momento, puede ser aclarado en los listados que difundió el Gobierno.
Fuente: Mdz
