
A través del Decreto 1148, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, el Gobierno provincial confirmó la cesantía del efectivo Jorge Miguel Olmedo Romero. El hecho ocurrió durante un control vehicular a la altura del kilómetro 948 de la Ruta Nacional 7, donde el uniformado le solicitó dinero a una automovilista para evitar retener su vehículo por no llevar matafuegos. La conductora accedió a realizarle una transferencia de $22.000 vía Mercado Pago, pero luego radicó la denuncia formal ante la policía.

La causa se nutrió de pruebas clave, como la captura de pantalla de la transferencia —cuyo titular coincidía con los datos del policía—, reportes de GPS del móvil policial, informes del Centro Estratégico de Operacional y documentación vial. Aunque Olmedo sostuvo en su defensa que la medida era "desproporcionada" y negó la materialidad del hecho, la Junta de Disciplina ratificó su apartamiento definitivo. En paralelo a la vía penal por "exacciones ilegales", al exagente solo le queda recurrir a la Suprema Corte si busca apelar la sanción administrativa.
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