Tras la aprobación en la Legislatura, el Gobierno provincial oficializó este martes el restablecimiento de la ley 7.722, que había sufrido cambios que fueron rechazados por ambientalistas y vecinos autoconvocados "en defensa del agua" en distintos puntos de la provincia.
Después de una semana de manifestaciones multitudinarias en contra de la ley 9.209, el gobernador Rodolfo Suárez anunció el envío de un proyecto para derogarla a raíz de la falta de consenso social y los repetidos cortes y protestas en Mendoza. Finalmente, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron ayer por mayoría la normativa.
De esta manera, y tal como lo había anticipado, el Poder Ejecutivo publicó la derogación de la 9.209 en el Boletín Oficial y restableció la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la minería.
"Deróguese la Ley Nº 9.209 y restablézcase la plena vigencia en todos sus términos de la Ley Nº 7.722″, indica el primer artículo de la nueva ley 9.210, firmada por el vicegobernador Mario Abed.
De esta manera, la minería metalífera encuentra trunca, una vez más, la posibilidad de desembarcar en Mendoza, dado que vuelve a prohibirse el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Con el regreso del marco legal “antiminero”, cuatro proyectos que estaban óptimos para empezar (Cerro Amarillo para la extracción de cobre en Malargüe, Don Sixto extracción de oro en San Rafael, al igual que en Las Heras con el proyecto San Jorge en Uspallata y en Paramillo con plomo, plata y zinc) deberán readaptar sus procedimientos o declinar en su intención de operar en la provincia.
Fuente Los Andes.
