Tras el incendio del complejo Tótem Boulevard el pasado 11 de marzo, el Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para reestructurar profundamente el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La paralización de la sucursal San Martín, que generaba el 32% de la recaudación bruta del organismo, aceleró una crisis que el Ejecutivo vincula no solo al siniestro, sino también al imparable avance de las apuestas digitales frente al modelo presencial.
La mayor preocupación radica en el futuro de los trabajadores de la zona Este, ya que el texto oficial habilita herramientas de ajuste drásticas como programas de retiro voluntario, la supresión directa de áreas y funciones, y eventuales desvinculaciones con indemnización. Aunque se prometen reubicaciones dentro del Estado manteniendo la remuneración bruta, el proyecto también contempla la eliminación de adicionales salariales ligados a sectores considerados "ineficientes" por la nueva administración.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendió la medida argumentando que el organismo debe dejar de sostener estructuras deficitarias para proteger los fondos destinados a salud y bibliotecas populares.
Con una pérdida estimada de $2.450 millones para lo que resta del año debido al cierre en San Martín, el Gobierno busca sanear las cuentas públicas mediante este recorte, dejando en vilo la estabilidad de decenas de empleados del casino siniestrado.
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